Un año largo para hacer y deshacer

Joaquín Samayoa:

La noción del tiempo es siempre subjetiva. Se nos hace corto o largo dependiendo de nuestras ocupaciones y responsabilidades, de nuestras ilusiones y ansiedades, de nuestra capacidad para administrarlo. Pero también podemos valorar el tiempo mediante referentes objetivos. En la empresa el tiempo se aprecia como factor de productividad; en la escuela, el tiempo sirve para estructurar secuencias de aprendizaje; en política, el tiempo se valora en función de lo que permite hacer para resolver problemas y para afianzar o disputar posiciones de poder.

El año previo a las elecciones se nos hará largo a los indefensos ciudadanos que tendremos que sufrir la prolongada invasión propagandística, sin mucha esperanza de encontrar algún mensaje novedoso e inspirador en medio de tanta palabra, imagen y sonido. Si los partidos concentraran toda su capacidad y esfuerzos en hacer buen gobierno o buena oposición, según le corresponde a cada uno, no necesitarían hacer tanta propaganda porque sus méritos serían evidentes.

Lamentablemente, en la era de la política mediática, los actores cada vez ponen más empeño en parecer que en ser buenos. Para los funcionarios públicos, que además tienen responsabilidades como dirigentes partidarios, la algarabía de una campaña electoral es mucho más atractiva y hasta puede parecer más importante que los problemas que deben atender en razón de sus cargos en el aparato estatal. Es más fácil crear ilusiones o atisbar temores que enfrentar realidades y resolver problemas.

Sin embargo, estos políticos duales deben resistir la tentación de dedicarse a campañas electorales o deben renunciar a sus cargos y a sus salarios en el gobierno, la municipalidad o la Asamblea Legislativa. Lo que le queda de trabajo al actual gobierno es casi una cuarta parte de su período, y a los alcaldes y diputados más de una tercera parte del suyo; un tiempo demasiado largo como para empezar a desentenderse de sus responsabilidades.

Son muchos y muy apremiantes los problemas que esperan siquiera un principio de solución en el tiempo que le resta al actual gobierno. Al presidente Saca le gusta hacerse publicidad por sus promesas cumplidas, pero aun reconociendo el valor relativo de muchas de sus acciones de gobierno, es innegable que, en algunos ámbitos de suma importancia para el bienestar de los ciudadanos, los avances son mínimos y los problemas tienden a agravarse.

Según todas las encuestas recientes que he podido revisar, el desempleo, los bajos salarios y los constantes incrementos en el costo de combustibles y alimentos están golpeando rudamente a grandes sectores de la población. La criminalidad disminuye un poco en algunas estadísticas, pero no lo suficiente para que podamos sentirnos seguros. El transporte colectivo sigue siendo pésimo desde todo punto de vista.

Es cierto que el constante incremento de precios en productos de primera necesidad obedece, en considerable medida, a fenómenos y tendencias de la economía global. También es cierto que las capas medias deben modificar sus patrones de consumo más irracionales para lograr satisfacer sus necesidades más básicas. Igualmente válida es la apreciación de que la creación de empleos y los niveles de remuneración no dependen solo de leyes o acciones de gobierno. Sin embargo, también es cierto que el gobierno y los legisladores tienen márgenes de acción que no han aprovechado suficientemente para amortiguar el impacto de las variables que no pueden controlar enteramente.

Cuando grandes sectores de la población se sienten asfixiados e inseguros, los 10 o 12 meses de aquí a las elecciones son un tiempo muy largo, más que suficiente para un deterioro progresivo del clima social; más que suficiente para que el partido de gobierno caiga en un descrédito que tendrá repercusiones en las urnas, sin importar el buen desempeño que puedan mostrar sus candidatos o la cantidad de dinero que puedan gastar en propaganda electoral.

Más allá de los costos, el desorden del transporte colectivo no puede atribuirse a factores externos. Tampoco es excusable la renuencia de algunos legisladores y funcionarios para establecer y hacer mucho más efectivos algunos controles en sectores como la energía y las telecomunicaciones. Ni la insuficiente previsión para evitar poner en riesgo inminente la seguridad alimentaria. O la lentitud para eliminar trabas burocráticas a las inversiones y exportaciones.

En el tema de empleo y salarios, más que regulaciones, hace falta liderazgo, diálogo, incentivos, y entornos favorables. No es fácil, pero precisamente por eso el Gobierno debe poner mucho más empeño y creatividad para empezar a producir resultados que, en los próximos meses, le den a la gente una buena razón para creer.